Ley de fortalecimiento de la seguridad registral inmobiliaria, para la cancelación de los asientos en sede administrativa, sin tener que recurrir al órgano jurisdiccional.

Abstract

Anteriormente, y en virtud del principio de legalidad que rige la actuación de la Administración, el Registro Público solo estaba autorizado a cancelar anotaciones defectuosas producto de errores registrales, es decir, todo aquello referente de la labor registral de sus mismos funcionarios, pero no existía una normativa habilitante que lo autorice a cancelar anotaciones producto de errores o fraudes producidos fuera de la actividad registral, que se califican entonces como “extra-registrales” La seguridad registral (fraudes en registro) se ve amenazada principalmente por conductas que están fuera propiamente de la calificación registral de los documentos, y que tienen que ver con la conducta delictiva de alterar o falsear documentos que gozan de fe pública, con los cuales se cometen los delitos que atentan contra la propiedad y la seguridad pública registral.